Los federales acusan al dueño de los restaurantes en Missouri y a sus gerentes por contratar trabajadores indocumentados

WEST PLAINS, Mo. (KAIT) - El dueño de docenas de restaurantes mexicanos en varios estados, junto con el presidente, el director financiero, el controlador y el gerente de ventas de la compañía se encuentran entre los 19 acusados en una conspiración federal de extorsión para contratar trabajadores indocumentados.

También entre los acusados se encuentran ocho gerentes actuales o anteriores de restaurantes ubicados en Butler, Springfield, Lebanon, West Plains, Willow Springs y St. Robert en Missouri; y en Overland Park, Great Bend y Augustus en Kansas.

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con la asistencia de numerosas agencias locales, estatales y federales, ejecutaron una serie de órdenes de registro hoy en 10 ubicaciones en Missouri, Kansas y Oklahoma. Los agentes federales han arrestado hasta ahora a 14 de los 19 acusados.

José Luis Bravo, de 51 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de Claremore, Oklahoma; José Guadalupe Razo, de 51 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de Carl Junction, Missouri; Anthony Edward Doll, de 43 años, ciudadano de Guatemala, y Miguel Tarín-Martínez, de 42 años, ciudadano estadounidense naturalizado, ambos de Joplin, Missouri; Antonio Martínez-Muñoz, de 44 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de Broken Arrow, Oklahoma; Eusebio Ramírez-Ceja, de 50 años, ciudadano de México que reside en Mountain Home, Arkansas; Oscar Adrián Molina-Angulo, de 38 años, ciudadano de México que reside en Butler, Missouri;  Rodrigo Manrique Razo, de 38 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de Great Bend, Kansas; Alejandro Castillo-Ramírez, de 39 años, ciudadano de México residente en Augusta, Kansas; Juan Carlos Palma-Cedeño, de 36 años, ciudadano de México residente en Claremore, Oklahoma; Ramón Moreno-Hernández, de 39 años, ciudadano de México que reside en Nevada, Missouri; José Luis López-Valadez, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de West Plains, Missouri; Lorenzo Castro-Manzanarez, de 39 años, ciudadano de México que reside en St. Robert, Missouri; Jaime Ramírez-Ceja, de 42 años, ciudadano de México residente en Líbano, Missouri; José Luis Rodríguez-Valerio, de 57 años, ciudadano estadounidense naturalizado, de Tulsa, Oklahoma;  Verónica Razo De Lara, de 46 años, ciudadana estadounidense naturalizada, de Great Bend, Kansas; Edgar Pérez-Pérez, ciudadano de Guatemala residente en Chattanooga, Tennessee; Bernardo Rivas-Gómez, de 48 años, ciudadano de Guatemala que reside en Elizabeth City, Carolina del Norte; y Daniel Rivas-Carrillo, de 23 años, ciudadano de Guatemala residente en Elizabeth City, N.C.; fueron acusados en una acusación de 64 cargos devuelta bajo sello por un gran jurado federal en Kansas City, Missouri, el 10 de agosto de 2021. Esa acusación fue desprensada y se hizo pública hoy tras los arrestos y comparecencias iniciales de los acusados en la corte.

La acusación federal alega que 17 de los 19 coacusados formaron parte de una empresa criminal organizada desde julio de 2003 hasta el 10 de agosto de 2021, que contrabandeó a ciudadanos mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños que no estaban autorizados a vivir o trabajar en los Estados Unidos. Los conspiradores supuestamente los albergaron en Missouri, Kansas, Arkansas y Oklahoma. Bravo, Doll, Tarin-Martínez y José Razo crearon una red de restaurantes que operan como LLC en estados de todo el Medio Oeste. Bravo y sus co-conspiradores supuestamente suministraron a estos restaurantes trabajadores indocumentados para puestos de personal en los restaurantes. Según la acusación, los conspiradores no pagaron los impuestos estatales y federales sobre la nómina apropiados, los salarios por horas extras y la compensación de los trabajadores por los empleados no autorizados.

Además del contrabando y la protección de trabajadores indocumentados, la acusación alega que la actividad de extorsión incluyó fraude (en relación con documentos de identificación), fraude y uso indebido de visas y otros documentos, y lavado de dinero. Los miembros y asociados de la empresa criminal protegieron a los empleados no autorizados de la detección por parte de las autoridades de inmigración eliminando los registros de su empleo, pagándoles con cheque personal y en efectivo, no manteniendo los Formularios I-9 completos y precisos y los informes de salarios y horas requeridos para estos empleados, ayudándolos con la adquisición de documentos de identificación falsos (como números de Seguro Social y documentos de residentes extranjeros), y hacer declaraciones falsas a las autoridades de inmigración y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Bravo, identificado en la acusación como el líder de la empresa, es el propietario de Specialty Food Distribution en Joplin. Bravo también es el propietario de un grupo de restaurantes registrados como Bravos Group, LLC, incluyendo El Charro, El Charrito, Playa Azul, Itza, LLC, Cantina Bravo y El Chango.

Specialty Food Distribution es un distribuidor mayorista de alimentos, suministros y equipos para restaurantes en todo el Medio Oeste. Specialty Food Distribution también brinda apoyo administrativo y contable a restaurantes en las áreas de nómina. seguros, licencias, impuestos y servicios legales. Varios restaurantes atendidos por Specialty Food Distribution supuestamente empleaban a extranjeros que no estaban autorizados a trabajar en los Estados Unidos.

Según la acusación, 31 compañías de responsabilidad limitada (LLC) operaban 45 restaurantes mexicanos en varios estados y al menos otras 11 compañías estaban involucradas en el suministro y logística de restaurantes, bienes raíces y construcción. Estos 45 restaurantes recibieron bienes y servicios de Specialty Food Distribution y otra compañía, Intel Solutions, LLC. Después de que ocurrieron inspecciones federales en restaurantes afiliados a conspiradores, dice la acusación, formaron Intel Solutions para asumir esas tareas administrativas, solo de nombre, como una forma de ocultar y minimizar el nivel de participación en los restaurantes inspeccionados por parte de miembros y asociados de la empresa criminal. Intel Solutions más tarde cambió su nombre a Entel Solutions, LLC.

Según la acusación, Bravo suministró trabajadores extranjeros no autorizados a los gerentes de restaurantes en los que tenía un interés financiero. Bravo hizo arreglos para que los trabajadores indocumentados ingresaran de contrabando a los Estados Unidos para trabajar en estos restaurantes y otros negocios, dice la acusación. Bravo supuestamente ayudó a estos extranjeros a obtener documentos fraudulentos que les permitirían trabajar en los Estados Unidos. Supuestamente ayudó a asegurar el transporte y el alojamiento para ellos en el camino a los restaurantes donde iban a trabajar.

José Razo es el presidente de Specialty Food Distribution. Razo supuestamente empleó a trabajadores no autorizados en Specialty Foods Distribution como vendedores y trabajadores de almacén, y ordenó a otros empleados que limitaran la exposición de estos trabajadores a posibles inspecciones de inmigración. José Razo también presuntamente aconsejó a los gerentes de restaurantes sobre cómo administrar, documentar y compensar a los trabajadores no autorizados de manera que minimizaran su detección por parte de los funcionarios de inmigración.

Doll es el director financiero de Specialty Food Distribution. Tarin-Martinez trabaja como controlador de Distribución de Alimentos Especializados. Martínez-Muñoz trabaja como gerente de ventas de Specialty Food Distribution.

ANUNCIO

Ramírez-Ceja es gerente de varios restaurantes El Charro en Arkansas y Missouri, así como de algunos restaurantes de Playa Azul en Kansas. Molina-Angulo es el gerente del Restaurante El Charro en Butler. Castillo-Ramírez es el gerente del Restaurante El Charro en Augusto. López-Valadez es el gerente de Cantina Bravo en St. Robert y los restaurantes El Charro en West Plains. Castro-Manzanarez es el gerente de Cantina Bravo en St. Robert. Ramírez-Ceja es el gerente del Restaurante El Charro en Springfield y en el Líbano. Rodríguez-Valerio fue hasta hace poco gerente de Bravos Mexican Grill en Overland Park. Razo De Lara es el gerente de Maria’s Mexican Grill en Great Bend.

Según la acusación federal, la investigación comenzó cuando el Departamento de Trabajo de Kansas se puso en contacto con Homeland Security Investigations (HSI) con respecto a las acusaciones de que extranjeros no autorizados fueron empleados en el Bravos Mexican Grill en Overland Park. Cuando HSI anunció una inspección del Formulario I-9 el 16 de julio de 2018, los agentes descubrieron que 14 de los 17 empleados de Bravos cuyos formularios I-9 habían sido inspeccionados no eran elegibles para trabajar. Durante otra inspección de Bravos el 28 de febrero de 2019, los agentes identificaron a ocho extranjeros no autorizados que trabajaban allí. Cinco de esos empleados habían sido identificados previamente como no elegibles para trabajar.

El 7 de junio de 2019, HSI inspeccionó 10 restaurantes en Missouri, Kansas y Oklahoma. Esos restaurantes operaban bajo LLCs, haciendo negocios como El Charro (Claremore, Butler y Springfield), Playa Azul (Great Bend, Pratt, Kan., y Wichita, Kan.), Iguana Azul (Nevada, Mo.), Los Sauces (Nevada, Mo.), y La Paloma (Springfield). Se descubrió que todos ellos tenían trabajadores no autorizados. Aproximadamente el 68 por ciento de los empleados auditados en los restaurantes no estaban autorizados a trabajar en los Estados Unidos.

El 13 de septiembre de 2019, agentes de HSI inspeccionaron restaurantes en Missouri y Kansas que estaban afiliados a los acusados. Esos restaurantes operaban bajo LAS LLC que hacían negocios como Cantina Bravo (St. Robert), Cantina Bravo Grille (Webb City, Mo.), El Charro (Neosho, Mo., Marshfield, Mo., West Plains, Joplin y Pittsburg, Kansas), Maria’s Mexican Grill (Great Bend) y Playa Azul (Augusta). Se descubrió que todos los restaurantes habían empleado empleados no autorizados.

Todos los acusados, con la excepción de Rivas-Gómez y Rivas-Carrillo, están acusados de participar en la conspiración de extorsión. Rivas-Gómez y Rivas-Carrillo están acusados de un cargo de uso de un documento obtenido ilegalmente y un cargo de la representación falsa de un número de Seguro Social.

Además de la conspiración de RICO, los acusados son acusados de varios cargos de transporte de extranjeros ilegales, contratación de extranjeros ilegales, empleo continuo de un extranjero no autorizado, uso de documentos obtenidos ilegalmente, atestaciones falsas, representaciones falsas de números de Seguro Social y la producción y transferencia ilegal de documentos de identificación.

Bravo, Molina-Angulo y Palma-Cedeño también están acusados de participar en una conspiración para cometer fraude de documentos de identificación.

Bravo, Moreno-Hernández, Castro-Manzanarez y Pérez-Pérez también están acusados de participar en una conspiración para transportar extraterrestres.

Bravo, Doll, Razo, Tarin-Martínez y López-Valadez también están acusados de participar en una conspiración de lavado de dinero y en varios cargos de lavado de dinero.

La acusación también contiene acusaciones de confiscación contra varios acusados, que requerirían que confiscarían al gobierno los fondos contenidos en varias cuentas bancarias, así como bienes raíces ubicados en Great Bend, Pittsburg y Augusta en Kansas; Butler, Joplin y West Plains en Missouri; y Claremore, Okmulgee, Muskogee, Enid y Tahlequah en Oklahoma.

Los cargos contenidos en esta acusación son simplemente acusaciones, y no evidencia de culpabilidad. La evidencia que respalda los cargos debe presentarse a un jurado de juicio federal, cuyo deber es determinar la culpabilidad o inocencia.

Este caso está siendo procesado por el Fiscal Federal Adjunto Rudolph R. Rhodes IV. Fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional e Investigaciones Criminales del IRS.

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